Tras este trámite, el texto legal será sometido a votación en el Pleno de la Cámara Baja para su posterior aprobación definitiva en el Senado, donde originariamente Ciudadanos registró la proposición de ley, haciéndose eco de una demanda del CERMI estatal y de CERMI Mujeres.

 

En concreto, la reforma busca eliminar el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal que, en la actualidad, despenaliza las esterilizaciones no consentidas, previa autorización judicial.

 

Al debate en la Comisión de Justicia este miércoles han asistido como invitados la vicepresidenta ejecutiva de CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez; la directora ejecutiva del CERMI y secretaria del Patronato de CERMI Mujeres, Pilar Villarino; la trabajadora del CERMI Carla Mediavilla, y el presidente de esta entidad, Luis Cayo Pérez Bueno.

 

 

Para el movimiento CERMI, “es un momento histórico en la legislación española sobre derechos de las personas con discapacidad, especialmente para las mujeres, que eran las más afectadas”. En su opinión, “el activismo de las mujeres con discapacidad ha logrado un hito, que es desterrar del ordenamiento jurídico la esterilización forzosa, que todavía permanece en muchos países, incluso europeos, evidenciando la fuerza de una sociedad civil con capacidad de propuesta, persuasión y convicción política”.

 

Por otra parte, el movimiento CERMI celebra que, “una vez más, la discapacidad haya sido un elemento cohesivo y un motor de tracción al consenso, tan lastimado en líneas generales en la vida política española”.

 

Además, insiste en su valoración positiva de este apoyo unánime y espera que se pueda tramitar cuanto antes la reforma del Código Penal para que la ilegalización de las esterilizaciones forzosas entre en vigor en torno al 3 de diciembre, Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.